Y ahora la Justicia Gratuita

Se acerca el inicio de un nuevo curso jurídico. Septiembre significa para los abogados y para la mayoría de personal que trabaja en la Administración de Justicia “la vuelta al cole”. Este año, como ya viene ocurriendo años atrás, se presenta movidito debido a las reformas que en materia de Justicia viene promoviendo nuestro Gobierno. Si hace unos días hablábamos de la Ley de Tasas, hoy quiero hablaros del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Como podéis apreciar, en esta serie de post referentes a las reformas en materia de justicia, estoy utilizando un lenguaje distinto al que se venía utilizando en el blog hasta ahora, hablando siempre en primera persona. Quiero dejar claro que las opiniones que estoy vertiendo acerca de las reformas del Gobierno son personales y no tienen porque ser la de los colaboradores de este despacho (aunque no me cabe duda de que las apoyan al 100%). También quiero dejar claro, por si alguien tuviera la tentación de pensarlo, que mis opiniones son profesionales y nada tienen que ver con ideas políticas, siendo además posturas similares a las manifestadas por el Consejo General de la Abogacía.

Dicho lo anterior y entrando en materia, el pasado febrero, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, proyecto que a día de hoy sigue en el Parlamento, habida cuenta de las ampollas que ha levantado, sobre todo entre los abogados, no sólo por la vulneración de derechos de los ciudadanos en materia de justicia que la aplicación de la ley conllevaría, sino además por el menosprecio a la labor de los abogados de oficio que la misma supone.

Podría escribir muchos renglones sobre el proyecto de Ley, pero prefiero hacer una pequeña síntesis y dejaros el PDF con el proyecto, para si os apetece lo leáis y extraigáis vuestras propias conclusiones:

– La ley suprime la obligación del abogado del turno de oficio de residir en el lugar donde tiene su domicilio profesional y su Colegio de Abogados. Ello implica que un abogado de A Coruña, pueda darse de alta en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Sevilla, cosa que carece de cualquier tipo de sentido.

– Pese a que la nueva ley promete la subida de los umbrales de renta para el reconocimiento del derecho a Asistencia Jurídica Gratuita (ello debería suponer que un mayor número de ciudadanos pudieran acceder a tal derecho), la realidad es que la reforma supone un grave perjuicio para las familias unipersonales y apenas tiene efectos en familias que cuenten con dos a cuatro miembros.

– La nueva ley establece una sospecha para aquellos ciudadanos que soliciten tres veces al año el beneficio de Justicia Gratuita, salvo en asuntos penales, quienes serán investigados por tales hechos.

– Se pretende financiar la Justicia Gratuita con la recaudación de tasas judiciales. Hay que recordar que la Ley de Tasas ha sido un fracaso en cuanto a recaudación y que sólo ha servido para disuadir a los ciudadanos de acudir a la justicia.

– Se pretende centralizar la Justicia Gratuita, lo que de facto puede provocar una rebaja de hasta un 30% de honorarios en abogados del Turno de Oficio, en comunidades con competencias en materia de Justicia. En este punto es necesario recordar que la compensación que cobran los abogados de oficio es mínima.

Estas son algunas de las críticas que podemos hacer al proyecto (que no las únicas), que en la tónica de las reformas que se vienen haciendo en materia de justicia, dificultan el acceso de los ciudadanos a los Tribunales y con ello la vulneración de derecho fundamentales.

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