La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal

El 1 de julio de 2015 entran en vigor dos de las leyes más polémicas dictadas por el Gobierno actual, como son la conocida como Ley Mordaza y la reforma del Código Penal, que en su unión supondrán el mayor recorte de libertades conocido desde que en este país se instauro la democracia. Esta opinión que es la nuestra, viene refrendada por el Consejo General de la Abogacía Española y por nuestro presidente D. Carlos Carnicer y es el sentir de la mayor parte de abogados de este país.

De una parte de la reforma del Código Penal, la relacionada con las páginas de enlaces y la modificación de soportes electrónicos, tuvimos la oportunidad de hablar en otra entrada de nuestro blog. Sin embargo estos son sólo dos de los puntos controvertidos de esta reforma, pero no los únicos. Sin duda, a nuestro juicio, la entrada en la legislación española de la cadena perpetua revisable sea la modificación más llamativa que podamos observar. En este sentido, habrá quien apoye esta modificación y habrá quien la rechace. Lo que si podemos decir es que su inclusión en el Código Penal viene a finiquitar los principios inspiradores del derecho penal y penitenciario de nuestro ordenamiento jurídico, que no son otros que la resocialización de los presos, es decir, la cárcel como instrumento de reeducación. Incluir la cadena perpetua en nuestro Código Penal implica aceptar el fracaso del derecho penal tal y como se ha concebido hasta ahora. Para muchos será necesario endurecer la penas de determinados delitos, sin embargo hemos de recordar que tener un Código Penal más duro no implica tener menos delincuencia (véase el caso de los Estados Unidos.)

Mención aparte merece la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por el nombre de Ley Mordaza, la cual parece redactada para frenar las protestas surgidas a raíz de la crisis económica y para evitar situaciones como las acaecidas con el levantamiento de campamentos como los del 15M. Así por ejemplo, a partir de mañana será sancionable manifestarse junto al Congreso o el Senado, fotografiar a policías (la limitación de este derecho ya ha sido denunciada por Amnistía Internacional), parar un desahucio, hacer resistencia pasiva o tuitear sobre la celebración de una protesta que no tenga permisos.

Asimismo, la disposición final primera de esta ley modifica la Ley de Extranjería para amparar las llamadas devoluciones en caliente, lo que permitirá que los extranjeros que sean interceptados en la línea fronteriza, puedan ser rechazados sin tener que realizar los procedimientos administrativos que hasta ahora eran necesarios.

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